Jueves, 31 de Julio de 2014

Aprobado nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales

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México, 5 Dic.- El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

El documento fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, revisión y posible aprobación en los términos constitucionales.

Con 104 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta aprobó el nuevo Código que sustituye al actual Código Federal de Procedimientos Penales, que permitirá el uso de instrumentos alternos a las actuales sanciones carcelarias.

Entre ellos, el uso de brazaletes electrónicos y arraigos domiciliarios, en vez de seguir los procesos o juicios detenidos en cárceles para determinados actos ilícitos.

Al fundamentar la postura del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Roberto Gil Zuarth expuso que hace cinco años, el sistema de justicia penal en México fue reformado para transitar a un modelo de naturaleza acusatoria.

Ello, dijo, para abandonar un modelo inquisitorio en el que la presunción de inocencia estaba invertida, porque era una presunción de culpabilidad, salvo que se probara lo contrario.

“Un modelo oscuro, poco transparente, en el que el debate probatorio nunca se realizaba frente al juez. Un sistema que no contemplaba a las víctimas; que no garantizaba sus derechos; que no les ofrecía la posibilidad de accionar a la justicia”, señaló el senador.

Con la aprobación del este nuevo código, los juicios orales garantizarán que las actuaciones se den en el marco del respeto a los derechos humanos; que el debate probatorio se verifique ante el juez, volviéndose expedito a través de la oralidad y que la prisión preventiva deje de ser la regla y se convierta en una excepción.

Gil Zuarth explicó que la trascendencia de ese código radica en tres características; es el primer Código con legitimación democrática expresada a través de la representación nacional; segundo, es producto del consenso y acuerdo unánime de las fuerzas políticas y la legitimidad del respaldo social a sus contenidos.

La tercera, señaló, el Código Nacional de Procedimientos Penales logra un equilibrio razonable desde el modelo definido por la Constitución entre la finalidad de mitigar la impunidad y la necesidad de garantizar los derechos humanos.

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó en su posicionamiento que el código cumple con las expectativas fijadas y consolida un sistema de justicia penal equilibrado, que protege a la víctima y al imputado.

Asimismo, es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos, agregó.

La legisladora priista consideró algunos aspectos importantes de esta reforma constitucional para el sistema de justicia penal, como la distinción entre procedimiento y proceso, que es relevante para conocer los principios que deben operar en cada una de las etapas del sistema de justicia penal.

Además, se establece la nulidad de pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales oficiosas, desde una perspectiva amplia y se regula la relación de coordinación entre el Ministerio Público y la policía, entre otras.

El senador Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que para este código no hubo límites de tiempo, la comisión asesora fue tomada en cuenta, se corrigieron los textos y se hizo un ejercicio de simulación para ver si la ley podía ser operada.

El perredista señaló que con este ejercicio legislativo queda demostrado que los temas técnicos pueden tratarse e incluso se pueden tratar temas de mayor relevancia e importancia, pero lo que no se puede hacer es dejar fuera la oportunidad de llegar a acuerdos.

Los legisladores rechazaron la reserva al Artículo 55, expuesto por la senadora Layda Sansores San Román, quien pedía que se reculara en la prohibición para filmar los juicios en los juzgados.

Toda vez que el caso del documental “Presunto culpable”, fue una muestra de impunidad en el sistema de justicia y debe permitirse que los medios informen o difundan bajo la grabación los casos de justicia. El caso fue rechazado por el pleno.

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